Economía

COP31: Chile firma el 35×35 con brechas reales en transporte y calefacción

Redacción Santiago Post · 2026-11-19 · 5 min

Chile formalizó este jueves en la COP31 su adhesión al compromiso global de alcanzar el 35% de electrificación del consumo final de energía hacia 2035. La ministra de Medioambiente, Francisca Toledo, firmó el acuerdo junto a la ministra de Energía, Ximena Rincón, en un gesto que busca posicionar al país como actor activo en la transición energética global. El problema es que el punto de partida es incómodo: hoy Chile tiene solo el 23% de electrificación. Pasar al 35% en nueve años implica transformar sectores completos que hoy siguen funcionando con combustibles fósiles.

La firma es políticamente relevante. Chile tiene credenciales reales en generación eléctrica: la expansión de solar y eólica ha sido notable en la última década, y el país produce más electricidad renovable per cápita que la mayoría de sus vecinos regionales. Pero el problema de la electrificación no está en la generación: está en el uso final. Y allí, dos sectores concentran la brecha: el transporte y la calefacción.

El transporte: el talón de Aquiles

El parque automotriz chileno sigue siendo mayoritariamente a combustión. La electromovilidad ha avanzado en flotas de buses del transporte público, especialmente en Santiago, pero la penetración en vehículos particulares es marginal. Según estimaciones del sector, los vehículos eléctricos representan menos del 3% de las ventas nuevas, y el stock total en circulación es inferior al 1% del parque.

Para que el transporte contribuya al salto de 23% a 35% de electrificación, se necesita una aceleración dramática. Los modelos de proyección del Ministerio de Energía calculan que hacia 2035 debería haber entre 800.000 y un millón de vehículos eléctricos en Chile para cumplir el objetivo parcial del sector. Hoy hay menos de 50.000.

Los obstáculos son conocidos: precio de los vehículos eléctricos aún por encima del promedio a combustión, infraestructura de carga insuficiente fuera de la Región Metropolitana, y un subsidio a los combustibles fósiles que históricamente ha amortiguado la señal de precio que empujaría la transición. La reforma económica aprobada por el Congreso eliminó algunos subsidios indirectos, pero no tocó el mecanismo de estabilización de precios de combustibles, que sigue operando.

La electromovilidad en transporte de carga es un capítulo aparte. Los camiones eléctricos de larga distancia siguen siendo una promesa más que una realidad operativa en Chile, y el transporte terrestre de carga mueve una fracción significativa del PIB de regiones. Sin solución en ese segmento, el 35% es difícil de alcanzar por las cuentas solas.

La calefacción: el problema invisible

Si el transporte es el problema visible de la transición energética, la calefacción es el invisible. En la macrozona sur —desde el Biobío hacia el sur— una fracción mayoritaria de los hogares se calienta con leña. No es una preferencia cultural: es una decisión económica. La leña es barata, está disponible localmente y no requiere infraestructura especializada. La electricidad, en cambio, implica costo de equipamiento (bombas de calor, sistemas de piso radiante o calefactores eléctricos de alta eficiencia) y una tarifa eléctrica que en muchas zonas sigue siendo alta en términos relativos.

La calefacción a leña tiene consecuencias graves en calidad del aire. Ciudades como Osorno, Coyhaique y Temuco concentran episodios de contaminación que superan regularmente los límites de la Organización Mundial de la Salud. El problema es simultáneamente de salud pública, de pobreza energética y de emisiones de carbono.

Electrificar la calefacción en el sur requiere tres cosas que no existen hoy en la escala necesaria: subsidios al equipamiento para hogares de bajos y medianos ingresos, una tarifa eléctrica diferenciada para uso térmico en zonas con alta dependencia de leña, y una red de distribución eléctrica reforzada que soporte el aumento de demanda en invierno. La inversión implicada es considerable.

El litio y la minería limpia: la otra cara del argumento

Chile tiene un activo que hace creíble el discurso de la transición energética a nivel global: las mayores reservas conocidas de litio del planeta. El compromiso 35×35 no tiene sentido estratégico si el país que abastece las baterías del mundo eléctrico no participa en ese mundo. La coherencia del posicionamiento es un argumento que las ministras Toledo y Rincón han usado con justeza.

La apuesta por la minería limpia —reducción de emisiones en faenas, electrificación de flotas mineras, uso de energía solar en procesos— añade una capa de credibilidad a los compromisos de Santiago. Si Chile consigue que la minería del cobre y el litio opere con alta proporción de energía renovable, el impacto en la huella de carbono de las cadenas de valor globales es significativo.

Pero hay una tensión que el gobierno no ha resuelto: la reforma económica aprobada por el Congreso modificó el régimen tributario minero de manera que algunos analistas consideran que desincentiva la inversión en nuevos proyectos de litio con estándares ambientales elevados. Los costos de la minería limpia son mayores, y si el margen fiscal se comprime por una carga impositiva más alta, los incentivos para ir más allá del cumplimiento mínimo se reducen.

¿Es alcanzable el 35×35?

La respuesta honesta es que es posible pero no probable en el escenario de política pública actual. Es posible porque los recursos existen —Chile tiene sol, viento, litio y una red eléctrica razonablemente robusta en el centro del país— y porque el costo de las tecnologías renovables sigue bajando. Es improbable porque la velocidad de transformación requerida en transporte y calefacción supera la tasa histórica de adopción, y porque el contexto macroeconómico —contracción del PIB, inversión en caída, restricción fiscal— reduce la disponibilidad de recursos para subsidiar la transición en los sectores más rezagados.

El compromiso firmado hoy en la COP31 es una declaración de intención con consecuencias reales. Si Chile no cumple, el costo en reputación internacional y en credibilidad para atraer financiamiento climático es alto. Si cumple, habrá transformado sectores completos de su economía en menos de una década. El camino entre ambos extremos pasa por decisiones que van mucho más allá de las cumbres climáticas.